Como resultado de un estudio focalizado en cinco ciudades del país, la Defensoría del Pueblo, con apoyo del Fondo de Justicia Transicional de las Naciones Unidas a través del PNUD, elaboró un aproximado diagnóstico sobre la violencia  contra las personas con orientación sexual diversa, en el marco del conflicto.

El trabajo, que permitió acceder a los testimonios de 92 víctimas en Bogotá, Medellín, Cali, Pasto y Santa Marta, hizo que la Defensoría Delegada para la Mujer y Asuntos de Género identificara las principales modalidades de maltrato contra esta población, en aquellas regiones donde se acentúan la presencia y el accionar de los grupos armados ilegales.

Para la Defensoría, la primera dificultad de cara a la defensa de los derechos fundamentales en este caso, es la ausencia de una cifra confiable respecto al número de víctimas, pues si bien de los 7 millones y medio registradas oficialmente, sólo 1.422 pertenecen a la población LGBTI. En este contexto, llama la atención que 56.296 personas incluidas en los reportes de la Unidad de Víctimas, no han informado su género y 19.286 están en la categoría de “no definidos”, circunstancia a la que se suma que respecto de los delitos sexuales, solo figuran 62 víctimas frente a 248 personas cuyo género es desconocido.

Esta situación, que podría ser el reflejo de un alto subregistro asociado al silencio que imponen los violentos, se complementa con las 5 modalidades principales encontradas por la Defensoría del Pueblo a propósito de la vulneración de derechos de la población con orientación sexual diversa en el marco del conflicto:

1. Homicidios: por simple intolerancia a la diversidad, producto de consejos de guerra por conductas de comportamiento individual que son consideradas como transgresoras de las normas internas de una determinada organización, o como parte de las mal llamadas “limpiezas sociales” practicadas por algunas estructuras, principalmente en los centros urbanos.

2. Amenazas: fundamentalmente vinculadas a las iniciativas de asociación de la población LGBTI para defender sus derechos como colectivo social, en aquellos territorios donde la presencia institucional no está suficientemente fortalecida. 
3. Desplazamiento forzado: por la irrupción, enfrentamiento y control territorial que en algunas zonas específicas del país ejercen los grupos armados ilegales.

4. Abuso sexual: se trata de la conducta más recurrente, pues cuando las personas con orientación sexual diversa ingresan a estas estructuras armadas, son vistas con desprecio y utilizadas como instrumento de castigo, diversión o explotación por vía del abuso sistemático, como sucede en algunos sectores donde la minería criminal se ha convertido en escenario cómplice de estas situaciones.

5. Imposición de estereotipos de género: cuando bajo la intimidación y con el pretexto de no atentar contra la vida e integridad de las víctimas, les obligan a vestir o actuar de determinada manera, en contravía de su autenticidad y opción individual.

A partir de este diagnóstico y de casos ejemplarizantes como el de una víctima que fue reclutada por la guerrilla a los 15 años, pero que fue abusada en razón de su inclinación sexual, o el de otra persona que tras ser capturada por señalamientos de supuesta simpatía con un grupo ilegal, fue sistemáticamente abusada en prisión, la Defensoría planteó una serie de recomendaciones, que comienzan con el derecho a la participación efectiva, las garantías de reparación integral y no repetición, y la definición de una política pública con enfoque diferencial que permita precisar la cantidad y características de las víctimas, y a partir de allí desplegar la oferta institucional en favor de estas poblaciones.

Vale la pena indicar que durante 2015, la Defensoría Delegada para la Mujer y Asuntos de Género, ha brindado asesoría individual a 52 víctimas del conflicto armado interno con orientación sexual diversa, a la vez que ha realizado distintos talleres regionales en los que han participado cerca de 322 personas de la comunidad LGBTI.